En un giro inesperado, la Comisión Europea ha decidido retrasar la implementación de una ley clave destinada a prevenir la deforestación, lo que ha provocado alivio entre empresarios y agricultores, pero ha desencadenado una fuerte reacción de grupos ambientalistas. Este aplazamiento de 12 meses, anunciado por la Comisión el pasado miércoles, representa una victoria para las empresas que llevan meses presionando contra la regulación. Sin embargo, ha sido recibido con indignación por parte de activistas que ven en la ley un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
La ley contra la deforestación y el retraso
La Ley de Deforestación de la UE, diseñada para impedir la venta en los mercados europeos de productos asociados con la destrucción de bosques, como el aceite de palma, la madera, el café y la carne de res, estaba programada para entrar en vigor el 30 de diciembre de 2024. Este reglamento exige a los proveedores demostrar que sus productos no contribuyen a la deforestación. No obstante, la decisión de la Comisión de retrasar su implementación fue el resultado de una intensa presión de sectores empresariales y países clave en el comercio internacional de productos agrícolas, como Estados Unidos y Brasil, que argumentaban no estar preparados para cumplir con las nuevas exigencias.
El retraso ha sido criticado duramente por organizaciones ambientales. Nicole Polsterer, activista de la ONG Fern, acusó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de ceder ante las presiones corporativas. “Este aplazamiento es inaceptable, especialmente cuando muchas otras empresas ya han invertido tiempo y recursos para estar listas”, afirmó Polsterer. Del mismo modo, Greenpeace EU calificó la ley como uno de los logros más importantes del Pacto Verde Europeo, una de las iniciativas clave del mandato de von der Leyen, y su director de política forestal, Sébastien Risso, fue tajante al decir que “la demora de la Comisión es comparable a empuñar una motosierra contra los bosques”.
Las reacciones en el ámbito político y empresarial
Desde el ámbito político, el Partido Popular Europeo (PPE), de orientación conservadora y mayoritario en el Parlamento Europeo, celebró la decisión de la Comisión. Tras las elecciones de junio, el PPE encabezó un movimiento para retrasar la implementación de la ley, argumentando que su entrada en vigor en diciembre de 2024 sumiría al continente en lo que describieron como “caos irresponsable”. El eurodiputado alemán Peter Liese, portavoz de política ambiental del PPE, destacó la falta de claridad en muchos aspectos de la ley y los justificados reclamos de países no pertenecientes a la UE, como las pequeñas explotaciones agrícolas en América Latina, que, según él, necesitan más apoyo.
No todos los actores políticos están de acuerdo con esta visión. Gerben-Jan Gerbrandy, legislador neerlandés del grupo de los Verdes, criticó duramente a von der Leyen, acusándola de “destruir deliberadamente su propio Pacto Verde”. Gerbrandy argumentó que los documentos de apoyo necesarios para implementar la ley estaban listos desde hacía meses, y que la decisión de posponerla solo prolonga la incertidumbre innecesaria. También Bernd Lange, legislador alemán del grupo socialista (S&D), calificó la decisión como una “vergüenza”, que podría haberse evitado con la publicación oportuna de la documentación de respaldo.
A nivel gubernamental, la respuesta ha sido igualmente dividida. Mientras que el ministro alemán de Agricultura, Cem Özdemir, dio la bienvenida al retraso, subrayando la importancia de dar tiempo a las empresas y los estados miembros para prepararse adecuadamente, algunos diplomáticos europeos sugirieron que el aplazamiento no es suficiente. Según fuentes anónimas, existe la necesidad de reabrir el debate y modificar el alcance de la ley para abordar mejor las preocupaciones de los países socios comerciales.
El futuro incierto de la Ley de Deforestación
Aunque algunos actores empresariales, como la Federación Sueca de Industrias Forestales (SFIF), han celebrado el aplazamiento, advirtiendo de la necesidad de mayor claridad en la implementación práctica de la ley, los grupos ambientalistas continúan alertando sobre las devastadoras consecuencias de un retraso prolongado. Las selvas tropicales, como el Amazonas, ya enfrentan una creciente presión por el cambio climático y la deforestación. El retraso de la ley solo permitirá que productos derivados de la destrucción de bosques sigan circulando en los supermercados europeos por otro año más, algo que los críticos consideran inexcusable.
En medio de este tenso debate, la Comisión Europea ha publicado lo que describe como “documentos de orientación adicionales y un marco de cooperación internacional más sólido”, con el objetivo de ayudar a los productores, socios comerciales y gobiernos de la UE a prepararse para el nuevo régimen regulatorio. Sin embargo, el futuro de la ley sigue siendo incierto, ya que su implementación efectiva dependerá de las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
Este retraso ha puesto de manifiesto las tensiones entre los intereses económicos y la urgencia de tomar medidas concretas contra la deforestación y el cambio climático. Aunque algunos sectores celebran la pausa para ganar tiempo, la presión de los ambientalistas y la comunidad científica es clara: cada retraso pone en riesgo el futuro de los bosques y, con ello, la estabilidad del clima global.
